Reflexiones desde las experiencias de consulta previa
señaló que no se debería realizar la consulta previa en la etapa de exploración
y que se deberían crear reglas específicas para esta fase, distintas de las que
rigen para la explotación, en la que ya se entra con seguridad a intervenir en los
yacimientos. Vilca señaló que esta diferenciación sería importante para evitar que
la población de la zona de influencia del proyecto minero desarrolle expectativas
respecto a lo que se puede hallar en la exploración.
Al respecto, la analista social Cynthia Sanborn, de la Universidad del Pacífico,
señaló que el Gobierno mostró inseguridad en reconocer a los pueblos indígenas
u originarios, al pensar que ello podría convertirse en una traba para las
inversiones. Sanborn declaró lo siguiente:
Estoy convencida que es al revés. Un proceso bien llevado permite informar
bien e incorporar a las comunidades adyacentes a las operaciones y dar
a conocer su verdadera envergadura. […] El sector minero no debió
tener temor, nosotros hemos entrevistado a gerentes y representantes de
transnacionales que han visto este tema en otras partes del mundo y en
muchos casos su casa matriz está a favor de aplicar este mecanismo. La
consulta previa no ha entorpecido las inversiones en el Perú, no conozco
ningún caso donde esto ha ocurrido (El Comercio, 17 de junio del 2016).
Mencionó que, entre los errores que se cometieron, además del temor por la posible
traba de inversiones, estuvo la confusión que se generó para identificar quiénes
eran poblaciones indígenas: «Al principio, la idea era identificar perfectamente
una base de datos que resolvería el problema, pero no fue la solución».
En síntesis, la opinión empresarial no es uniforme, pero tampoco se perfilan
espacios particulares en los que el gremio empresarial pueda hacer sentir su voz
deliberando sobre los alcances de la consulta previa. Se ha estado a la expectativa
de su desarrollo, y hoy la sorpresa ha sido que las consultas han sido rápidas y
que han avalado los proyectos. Por tanto, es la satisfacción de la cabeza del
gremio empresarial minero la que pasa a primera plana.
Como dijera un funcionario de una empresa minera, la experiencia de Las Bambas,
aparentemente emblemática de un amplio proceso participativo que avaló la
marcha del proyecto y de su EIA, hoy nos hace pensar en qué condiciones y con
qué explícitos e implícitos se da el pase a un proyecto minero que va a cambiar las
vidas de los miembros de una comunidad y las de sus futuras generaciones. Por el
lado de los pueblos indígenas u originarios, esto conlleva a que las dirigencias se
involucren plenamente y compartan los acuerdos tomados con sus bases; y por el
lado de la empresa, asumir plena conciencia de los acuerdos tomados, y sostener
el diálogo y apertura con la comunidad. El Estado como garante deberá llevar a
cabo eficientemente las acciones de seguimiento de los acuerdos tomados.
De hecho, las experiencias en curso van mostrando que las consultas previas no
son una traba para el desarrollo de las inversiones en minería, aunque habría
que analizar con mayor profundidad la calidad de las consultas previas mismas.
Comentarios informales de algunos funcionarios estatales señalan que en los
procesos en marcha se ha percibido que muchos líderes de la comunidad han
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