La IMPLEMENTACIÓN del DERECHO a la CONSULTA PREVIA en PERÚ
[…] Esa información no llega completa a las comunidades para poder tomar
decisiones». Pese a no conocer cómo se realizará la parte operativa, Lizardo
Cauper plantea que se debería promover la generación de acuerdos mínimos que
sienten las bases de la parte operativa.
Por otro lado, en los procesos de consulta no se realiza un análisis de los efectos
de la medida a largo plazo. «Nos falta mirar el escenario de aquí a 30 años:
¿Cómo va a quedar con esta actividad extractiva o no extractiva también? ¿Cómo
va a afectar?». Sin esta información, los pueblos indígenas no podrán evaluar el
impacto, conveniencia y beneficios de la medida, y por tanto tampoco participarán
concienzudamente en el proceso.
La metodología usada en los procesos de consulta debe asegurar la
comprensión de los pueblos indígenas u originarios
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A pesar de que la etapa de información es de vital importancia para garantizar
una adecuada participación de los pueblos indígenas u originarios en los procesos
de consulta, la información no se brinda de la manera más adecuada. Para
elaborar la metodología, Lizardo Cauper considera que se debe seguir un paso
previo, que es identificar el contexto, nivel educativo y formación de quienes van
a recibir la información en los procesos de consulta. La entidad promotora asume
que «todos los participantes de la consulta somos del mismo nivel, esto no es
así», y la metodología debería comprender herramientas y términos adecuados
que permitan a todos los participantes entender las etapas de la consulta previa y
el contenido de la medida que se está consultando.
Para subsanar esta omisión, Lizardo Cauper propone que la entidad promotora no
solo debería identificar a los pueblos que serán consultados y sus organizaciones,
sino, además, la formación académica de quienes representarán a dichos
pueblos. Esto permitiría a la entidad promotora trabajar la información de modo
que sea comprensible por ellos.
Asimismo, considera que es muy importante que la entidad promotora muestre
ejemplos positivos y negativos de implementar la medida consultada. Esto les
permitiría formular mejores propuestas y asegurar una mejor participación.
Por otro lado, si bien el Ministerio de Cultura ha capacitado al funcionariado
público en el derecho a la consulta, para lograr explicar la medida y sus posibles
impactos, Lizardo Cauper considera que se debería ofrecer una capacitación
más intercultural, que explique qué significa la Amazonía para los pueblos
indígenas. «Funcionarios que no entienden qué es Amazonía, es muy difícil llegar y
hacer entender qué es el proceso y los mecanismos que se tienen que hacer. Porque
no sienten, no viven, su realidad es diferente de la de la Amazonía». Al entender la
realidad de los pueblos indígenas, los funcionarios estarán más abiertos al diálogo.
De igual modo, si bien se destaca que el Ministerio de Cultura ha trabajado
para contar con traductores oficiales en lenguas indígenas, se observa que
algunos no están especializados para traducir e interpretar temas técnicos,
por ser sumamente específicos. Así, pues, resulta necesario que los traductores