XII.
La implementación de la consulta
en el sector minero: una mirada a
los primeros procesos
Diego Ocampo, Isabel Urrutia
Introducción
La promulgación de la Ley 29785, Ley del Derecho a la Consulta Previa a los
Pueblos Indígenas u Originarios, en el año 2011, coincidió con un contexto
socioeconómico complejo, y generó expectativas y temores entre diversos sectores
de la población peruana. Por un lado, desde el 2004, los precios de los minerales
exportados por el Perú habían crecido hasta alcanzar valores históricamente
altos, lo cual produjo un incremento importante de la cartera de proyectos de
inversión minera (Baca y Ávila 2015). Por otro lado, muchos de estos nuevos
proyectos se realizan en territorios de pueblos indígenas u originarios, los cuales
frecuentemente enfrentan una situación de desatención por parte del Estado y de
desprotección de sus derechos colectivos.
En ese contexto, implementar la consulta previa sobre proyectos mineros a
pueblos indígenas u originarios ha sido una de las tareas más complejas para
el Estado peruano, en su afán de impulsar políticas públicas de reconocimiento
y respeto por los derechos colectivos de estos pueblos. Por ello, el desarrollo de
los primeros cuatro procesos de consulta previa en el subsector minería, entre
setiembre del 2015 y agosto del 2016, representa un quiebre importante a favor
del reconocimiento del derecho a la consulta previa de los pueblos indígenas
u originarios andinos. De esta manera, se hace notoria la continuidad de una
política pública dirigida hacia el reconocimiento y la garantía de los derechos
colectivos de los pueblos indígenas u originarios en el Perú.
En setiembre del 2015, se inició el primer proceso de consulta previa en el sector
minería: la comunidad campesina del pueblo quechua de Parobamba (Cusco)
fue consultada sobre el proyecto Aurora. La segunda consulta fue a la comunidad
de Santa Rosa de Quikakayan (Áncash) sobre el proyecto Toropunto; la tercera,
a la comunidad Cotarusi (Apurímac) sobre el proyecto Misha; y la cuarta, a las
comunidades de Quilla Ayllu y Llactun Aija/Llactun Rurimarac (Áncash) sobre el
proyecto La Merced. Los cuatro procesos versaron sobre proyectos de exploración
y contaron con la presencia del Viceministerio de Interculturalidad (VMI). Por
su lado, la Defensoría del Pueblo (DP) supervisó los talleres informativos de los
proyectos Aurora y La Merced, y la etapa de diálogo del proyecto La Merced.
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