Reflexiones desde las experiencias de consulta previa
están de acuerdo, en algunos momentos y con garantía de autonomía por parte
de las entidades estatales.
Un asunto álgido era que los representantes de las empresas manifestaban la
perspectiva de articular consulta previa y participación ciudadana en un solo
proceso; por ejemplo, que la consulta previa se aplique una sola vez durante
la elaboración del estudio de impacto ambiental (EIA), descartando, eso sí, la
consulta en el momento de la concesión. En este tema, representantes de la
sociedad civil han evidenciado sus diferencias.
En esos momentos, empresarios participantes del GDMDS sostenían que en el
sector empresarial no había una posición en bloque: «Hay diferencia en temas
de fondo y en matices; incluso, dentro de las mismas empresas se expresan
diferencias y justamente trabajos de esta naturaleza y los espacios en los que se
puede dialogar con libertad y pluralidad sobre la materia contribuyen a acercar
las miradas» (Irigoyen 2015: 42).
A inicios del 2014, la propia presidenta de la SNMPE, Eva Arias, hizo públicas sus
preocupaciones sobre el posible impacto de la consulta previa en las inversiones,
refiriendo que «cualquier proceso de consulta previa mal utilizado puede hacer
muchísimo daño» (El Comercio, 21 de mayo del 2014); también dijo que, por
último, los países podrían retirarse de la consulta previa si lo pidiesen. Ante
estas opiniones, no hubo mayor comentario oficial de empresarios, aunque sí se
escucharon algunas voces disconformes en el marco de los diálogos del GDMDS,
provenientes tanto de la sociedad civil como del Estado.
Durante ese período, la SNMPE aparentemente prefirió actuar con cautela.
Revisando su página web, vemos que del 2012 al 2014 no se encuentran
comentarios respecto a la consulta previa por parte de la SNMPE como gremio
mayor, ni de sus afiliadas. Tampoco en su Memoria institucional la SNMPE hacía
ningún comentario sobre el punto, aunque en la «Carta a los asociados», firmada
por el presidente, menciona que había sido un tema de preocupación institucional
(Sociedad Nacional de Minería y Petróleo 2016: 7).10
Ante las resistencias de un sector importante de empresarios y funcionarios del
sector minero, algunos representantes del sector empresarial que participan del
GDMDS —incluso de grandes empresas— hicieron conocer su preocupación
por el rechazo a la consulta previa: «Discutir si se debe consultar a los pueblos
indígenas —y de paso al resto— por aplicar el Convenio 169 […] es completamente
anacrónico. Asumir que las inversiones se van a ir por respetar la ley no tiene ni
pies ni cabeza» (Irigoyen 2015: 60).
Estas reflexiones fueron certeramente recogidas en la sistematización del trabajo
de la Comisión de Consulta del GDMDS:
10 Como fuera señalado, consideramos este artículo como un acercamiento inicial al tema; aún no
se ha tenido la oportunidad de dialogar más profundamente con líderes empresariales sobre los
resultados de las consultas previas implementadas en el sector minería.
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