La IMPLEMENTACIÓN del DERECHO a la CONSULTA PREVIA en PERÚ
la motivación de profesores, la supervisión y el control de la implementación de
las políticas, el reconocimiento y conocimiento de las lenguas y realidades de las
comunidades, la articulación entre los niveles nacional y regional, la promoción
de actitudes asistencialistas y conformistas por el tipo de educación impartido, por
ejemplo.
218
Sin embargo, los actores adoptan una postura diferente frente a esta ruptura entre
sus deseos y la realidad educativa: toman posición de manera activa, analizan, se
implican en el proceso, se comprometen con el cambio, proponen soluciones, y
se sienten involucrados y afectados directamente por el asunto de la EIB, sea que
se identifiquen o no como indígenas. Por haber sido implicados en forma directa
o indirecta en el proceso de CP, los actores empiezan a sentir una legitimación
de su punto de vista y a darle vida a su ciudadanía, hasta entonces meramente
formal. Esto también implica comentarios autocríticos al denunciar, por ejemplo,
el descuido de la lengua propia, como en la siguiente cita de un activista de
una asociación de migrantes y funcionario awajún: «Ahorita, el mismo indígena
de manera un poco perezosa exige que se les atiende en su lengua. Siendo
predominantes, preponderantes estas lenguas en su zona» (Shimbucat 2016). Y
no se quedan en la postura crítica, sino que también se autorresponsabilizan
de la transmisión y vitalidad de su cultura y lengua, como lo explica un regidor
asháninka: «No podemos nosotros desconocer nuestros ancestros. Y yo como
dirigente, en realidad, yo no puedo desconocer mi propia cultura, mi propio
idioma, mi forma de vivir. Ahora estoy acá en la provincia [empleado como
regidor] representando a mi pueblo. Y no quiere decir que ya no voy a hablar mi
idioma. No. Yo tengo que hablar en mi idioma, visito a mi comunidad. [… A mis
hijos] les inculco de que ellos siguen hablando el idioma» (Rivas 2016).
Todos los actores entrevistados también son críticos y autocríticos en lo que se
refiere a los procesos de CP, lo que prueba su gran compromiso con estos: los que
participaron de modo activo en procesos de CP están mayoritariamente satisfechos
con la realidad institucional de la que pudieron ser parte en el Ministerio de
Cultura. Se sintieron respetados, escuchados y valorados respecto a sus aportes,
percibieron el esfuerzo y la voluntad de la institución para que el diálogo se
desenvuelva en buenos términos y se logre encontrar un consenso. Sin embargo,
critican la burocracia y rigidez del desarrollo de los procesos, la poca de aplicación
de CP en la zona andina, la falta de implementación de las decisiones tomadas
y el carácter simbólico de las negociaciones realizadas, así como los problemas
técnicos que obstaculizaron el diálogo. Pero también admiten la necesidad de
mayor comunicación entre los propios pueblos indígenas, para apropiarse la
categoría colectiva de indígena impuesta institucionalmente y presentarse con
una voz consensuada fuerte. Saben de los problemas de comunicación entre
los representantes y las bases, así como de las dificultades para conciliar la
perspectiva institucional y comunitaria. Pero usan estas experiencias y críticas
como aprendizajes y se esfuerzan para construir una práctica de CP que tenga
sentido para todos los actores. Observamos una organización impresionante de
la sociedad civil en todos los niveles —local, regional y nacional—, que se adapta
a las lógicas y responde a las exigencias institucionales. En las negociaciones,