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económica en tanto que no están teniendo en cuenta la antigüedad de muchos de
los proyectos mineros, por un lado, y que la mayoría de las personas que se han
registrado como indígenas en realidad no lo son, hasta el punto de que algunas
autoridades administrativas de Riosucio han alegado que los embera no están
recuperando su cultura y territorio sino que, realmente, se están apropiando de
culturas ajenas.
El interviniente concluyó su escrito manifestando que ejerce como minero desde
el año 1984 cuando contaba con 14 años de edad, habiendo crecido en una familia
de mineros tradicionales de la misma zona donde hoy tiene una mina de su
propiedad, llamada Camelot. Así mismo, afirmó que desde que se retiró de
ASOMICARS, se ha sentido perseguido y atacado por parte del Resguardo
Cañamomo y Lomaprieta, como lo prueba la denuncia que presentó ante la
Fiscalía el 4 de febrero de 2016 por constreñimiento ilegal, violación a la
propiedad privada y secuestro en contra del accionante, gobernador Carlos
Eduardo Gómez y el exgobernador Héctor Jaime Vinasco, en vista de las
exigencias económicas que le están haciendo para permitir continuar con el
trabajo en la mina al punto de que dijo temer por su vida y la de su familia al
realizar esta intervención.
Finalmente, consideró pertinente señalar que en el año 2015 se llevó a cabo un
proceso de preconsulta en el municipio de Supía, Caldas, para resolver el
problema interétnico que se presenta en el resguardo, entre la comunidad
afrodescendiente del Guamal, la comunidad Kumba, la población campesina y el
Resguardo Cañamomo y Lomaprieta. Según el interviniente, en dicha
oportunidad todas las partes aportaron documentos que los acreditaban como
propietarios de tierras con excepción de las autoridades del Resguardo, por lo que
el INCODER solicitó que permitieran la entrada de sus agentes al territorio para
verificar las condiciones y formas de vida de las comunidades con el fin de hacer
la correcta delimitación de la tierra lo cual fue autorizado por todas las
comunidades menos el Resguardo. Por lo anterior, el señor Romero consideró que
existen suficientes argumentos para negar las pretensiones del accionante.
9. Finalmente, el accionante Carlos Eduardo Gómez Restrepo, también
radicó un escrito en el que manifestó que “actualmente los procesos de
legalización de minería se han convertido en un detonante que ha activado
una amenaza permanente sobre la integridad territorial de nuestro
resguardo (…) porque a la luz de ello están siendo legalizadas actividades
de minería de hecho, realizadas en zonas que hacen parte de nuestro
resguardo y sobre las cuales no existe autorización” por parte de las
autoridades del Resguardo. Del mismo modo, indicó que los titulares y
solicitantes enlistados en el Auto del 18 de mayo de 2016 incluyen tanto
personas totalmente ajenas a la comunidad, “así como algunas que hacen
parte del censo del resguardo o que fueron comuneros del mismo pero que,
de cualquier manera, se han mostrado disidentes de nuestro proceso
organizativo, en diferente medida – hasta llegar en algunos casos a la
violencia y la amenaza (…) – o bien sencillamente contrarias o renuentes a