• La actual política de desarrollo del Estado colombiano no permite el
cumplimiento de los compromisos ambientales adquiridos y no posibilitan la
plena garantía de los derechos de los pueblos indígenas.
• La implementación de la actual política de tierras del gobierno nacional es
una de las principales causas de la persecución política, el desplazamiento
forzado y los asesinatos de los líderes/lideresas indígenas.
• La implementación del acuerdo de paz en los territorios indígenas ha
significado una militarización de los mismos, un incremento de la presencia y
ataques de grupos armados contra las comunidades indígenas.
• El gobierno colombiano de manera reiterada ha venido violando la consulta
previa y ha adoptado normas regresivas en materia de derechos territoriales
de los pueblos indígenas. Además, de reforzar los procedimientos
administrativos para demorar y enredar la constitución, ampliación y
saneamientos de resguardos.