Indigenous Peoples FPIC Protocols

Protocolo Autónomo–Mandato- del Pueblo Arhuaco- de la Sierra Nevada de Santa Marta para el relacionamiento con el mundo externo incluyendo la consulta y el Consentimiento previo, libre e informado en cuenta la presencia de terceros dentro del territorio ancestral y sagrado, como de aquellos que afectan desde el mundo externo la vida y las culturas que habitamos la SNSM. Cuando decimos los terceros, nos referimos a otras manifestaciones culturales y religiosas ajenas a las culturas ancestrales de las Sierra junto con los bunachu (no indígenas), instituciones públicas y privadas, empresas, poblados, asentamientos, centros urbanos, entre otros. Este protocolo por tanto establece principios, criterios, lineamientos/reglas y procedimientos de entendimiento basados en mandatos de La Ley de Origen a través del conocimientos, elementos de poder y el Ka’dukwu (los espacios sagrados), ya que es el Kunsamu el que ordena la sociedad y la naturaleza. El presente Protocolo Autónomo del Pueblo Arhuaco se proclama como un mandato acorde a sus derechos individuales y colectivos y a los rasgos generales de nuestra cosmovisión y visión de desarrollo propio, en ejercicio de la Jurisdicción especial indígena -artículo 330 CP-, dirigidos hacia la sociedad en general, el gobierno y los mismos pueblos que habitamos la SNSM. Estos lineamientos son mandatos que nuestras autoridades deben hacer cumplir y el hermanito menor, bunachu -o no indígenas- deben respetar, pues rigen para nuestro territorio y a sus diferentes manifestaciones culturales tradicionales y propias, y por ende deben darse a conocer a las instituciones del orden local, regional y nacional, especialmente aquellas que forman parte del Estado, obligadas a reconocer y proteger, en virtud del mandato constitucional consagrado en el artículo 7, el cual establece que “El Estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la Nación colombiana”. Nuestro mandato como Pueblo Arhuaco –Protocolo Autónomo- se ampara y desarrolla con el fin de implementar los derechos establecidos en la Constitución Política de Colombia, la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los 7