I.
Balance del Perú en el contexto regional:
una mirada comparativa del derecho
a la consulta previa con relación a
Colombia, Chile y Bolivia
Cristina Blanco
Introducción
La intensificación de las actividades extractivas, junto con la globalización de la
naturaleza, se han convertido en el nuevo eje de la protesta social en América Latina
(Henríquez 2015: 101). Esta multiplicación de conflictos sociales sobre explotación
de recursos naturales se ha producido asociada no solo a la globalización de la
industria extractiva, sino también a la de los derechos colectivos de los pueblos
indígenas u originarios (Rodríguez Garavito 2011: 12). El derecho a la consulta
previa, libre e informada, es, sin duda, el que ha ocupado el lugar central en estos
escenarios. Como consecuencia de compromisos internacionales asumidos, los
Estados de la región se encuentran —o deberían encontrarse— en procesos de
implementación interna de este derecho.
Nuestro país no es la excepción. A partir del 2011 —con mayor claridad— se
viene produciendo la incorporación del derecho a la consulta en la normativa
e institucionalidad estatal, en un contexto marcado por la intensificación de la
conflictividad socioambiental. Para indagar sobre cómo vamos en esta tarea, es
oportuno mirarnos de modo comparativo con otros países de la región. El presente
artículo busca indagar, precisamente, en cómo nos posicionamos, respecto a logros
y retos en su implementación, en comparación con países en situación similar.1
Se ha elegido a Colombia, Chile y Bolivia, en tanto su situación se asemeja a la
del Perú, pues son parte del Convenio 169 de la Organización Internacional del
Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes (Convenio 169
de la OIT), cuentan con avances normativos e institucionales y vienen realizando
procesos de consulta previa. Para el análisis, se han seleccionado tres aspectos
1 Las fuentes utilizadas en el presente artículo se basan principalmente en la investigación documental y de campo realizada para la siguiente publicación, cuya elaboración estuvo a cargo de
la autora: Fundación para el Debido Proceso Legal (DPLF por sus siglas en inglés). Derecho a la
consulta y al consentimiento previo, libre e informado en América Latina. Avances y desafíos para
su implementación en Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Guatemala y Perú. DPLF/OXFAM. 2015.
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