Con énfasis en casos específicos, Ronny Leiva, Liliana Loayza, Carola Mick y Diego
Ocampo e Isabel Urrutia analizan con detalle los procesos en hidrocarburos,
la hidrovía amazónica, el Plan Nacional de Educación Intercultural Bilingüe y
proyectos mineros, respectivamente. Este conjunto de capítulos nos muestran
los aciertos de estos procesos, así como los aspectos en los cuales es necesario
avanzar con el objetivo de mejorar la calidad del diálogo y lograr acuerdos más
sustanciales. Una mención especial merece el trabajo de Ocampo y Urrutia,
quienes plantean un conjunto de recomendaciones respecto a la oportunidad
de la consulta previa en el subsector minero, el involucramiento de las empresas
concesionarias y la importancia de establecer plazos prudentes para el desarrollo
de los procesos.
En este mismo sentido, el volumen presenta entrevistas a los líderes indígenas
Antolín Huáscar (Confederación Nacional Agraria) y Lizardo Cauper
(Organización Aidesep Ucayali) en los que dan cuenta de los procesos de los que
han sido participes. Tanto Huáscar como Cauper realizan un balance con saldo
positivo de lo avanzado, pero son claros en señalar los importantes desafíos que
a su juicio enfrenta la implementación del derecho. De particular interés es la
entrevista de Rosa Montalvo a las líderes indígenas Beatriz Caritimari, Ángela
Chislla, Ketty Marcelo y Gladis Vila – integrantes de la Organización Nacional de
Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú (ONAMIAP) – quienes refieren
con claridad los retos que enfrentan las mujeres indígenas para asumir roles de
liderazgo e incluir su perspectiva particular en los procesos de consulta.
Para ellas, los procesos de consulta han sido una oportunidad de empoderamiento y
participación efectiva. Particularmente elocuentes son las palabras de Ángela Chislla:
“…poco a poco, está dando apertura a nuestra participación, considerándonos
como ciudadanas, porque antes [al Estado] no le importaba.”
En conjunto, los capítulos del volumen nos muestran con claridad, desde ópticas
distintas, los avances y desafíos de la implementación del derecho a la consulta
previa. Si bien los trabajos no están exentos de crítica (muy saludable desde la
pluralidad de las voces) creo que no me equivoco en afirmar que el balance del
proceso es claramente positivo, sobre todo si tenemos en cuenta que una política
de esta magnitud requieren de etapas de aprendizaje que involucran a todos los
actores partícipes: el Estado, la sociedad civil y las organizaciones indígenas. A
través del diálogo iremos avanzando.
Alfredo Luna Briceño
Viceministro de Interculturalidad
Ministerio de Cultura